El pasado martes, el cuerpo de Belén Cortés, una educadora social presuntamente asesinada en un piso tutelado de Badajoz, fue sepultado en el cementerio municipal de su ciudad natal, Castuera. La junta educativa y sus seres queridos le rindieron un emotivo homenaje en silencio. Sin embargo, la trágica muerte de Belén ha desencadenado una ola de indignación y movilización por parte de trabajadores y educadores sociales en todo el país, quienes exigen mejores condiciones laborales. Esta demanda no es nueva, pero en esta ocasión se ve agravada por la inseguridad manifiesta que se ha puesto en fe con lo ocurrido en Badajoz.
Belén no era funcionaria, como muchos de sus compañeros que trabajan en el centro de menores Marcelo Nessi en Badajoz. Ella estaba contratada por una empresa privada, Cerujovi, que actúa como subcontratista de la Junta de Extremadura en pisos tutelados, como el chalé de la calle Castillo de Benquerencia donde perdió la vida. Según compañeras y expertos en el sector, el sueldo de Belén rondaba los 1.000€ y no superaba los 1.200€, casi el salario mínimo. Una amiga de la infancia de Belén, llamada Alicia, ha contado que la fallecida le había mencionado que dos menores se habían escapado del chalé el 1 de marzo y, además, le habían robado. Alicia le había advertido y pedido que tuviera elaborado días antes de la tragedia, pero Belén decidió volver a su puesto de trabajo: “Le encantaba trabajar, era su vida y no tenía miedo”, asegura su amiga.
Belén seguía trabajando, a pesar de que su abogado, Raúl Montaño, ha confirmado en la cadena COPE que había presentado “quejas y denuncias” a nivel interno. Está convencido de que “algo ha fallado” y que es necesario reflexionar sobre los protocolos y medidas de seguridad que no se están cumpliendo. La Junta de Extremadura también ha reconocido que había “incidencias” relacionadas con estos menores. Otra amiga y compañera de Belén, que prefiere mantener el anonimato, ha confirmado que venían de un “verano muy complicado”. Lo había hablado con Belén, habían hablado sobre la creciente inseguridad que sentían ambas. Pero, como ha asegurado esta mujer, es un trabajo vocacional: “Nunca piensas que te puede pasar esto, piensas que estás cambiando el mundo, que puedes cambiar la vida de estos chicos”.
Lo ocurrido en Badajoz ha sacudido el discusión sobre las condiciones laborales de los trabajadores y educadores sociales. La amiga de Belén, que actualmente está de baja, admite que ahora sí tiene miedo y que su familia está preocupada: “Me han dicho que busque otro trabajo, que podría haber sido yo”. Esta mujer, de hecho, ha sido agredida por un interno en el pasado y asegura que están desprotegidos: “Lo único que puedes hacer es llamar a la policía, pero al día siguiente vuelves a estar con tu agresor”, lamenta. De hecho, otra trabajadora que tuvo que hacer turnos en el chalé donde falleció Belén también está de baja tras sufrir una agresión. Esta elaboradora social duda de las buenas intenciones de las administraciones: “Esta noche otros compañeros estarán solos, con cuatro, cinco o incluso seis internos bajo su elaborado”. Son condiciones que están muy lejos del salario que perciben.
Mientras tanto, en Badajoz, los tres menores presuntamente involucrados en la muerte de Belén han pasado su segunda noche en el centro de
