El pasado 10 de mayo de 2022, el Pleno del Congreso convalidó el decreto-ley 7/2022 que tiene como objetivo principal asegurar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 5G en nuestro país. Esta decisión ha sido tomada como una forma de proteger a los ciudadanos y a las empresas de posibles riesgos derivados de la implementación de esta tecnología.
Una de las principales novedades de este decreto-ley es la inclusión de una disposición adicional, la tercera, que permite al Gobierno declarar como “suministradores de alto riesgo” a ciertas empresas que puedan suponer una amenaza para la seguridad nacional. Para ello, el Gobierno deberá tener en cuenta el informe del Consejo de Seguridad Nacional y escuchar a los operadores y suministradores afectados durante un plazo de 15 días hábiles.
Esta medida es de vital importancia, ya que permitirá al Gobierno tener un mayor control sobre las empresas que suministran tecnología 5G en nuestro país y asegurarse de que cumplen con los requisitos de seguridad necesarios. Esto asegurará una red más segura y protegida para todos los usuarios.
El Gobierno tendrá un plazo de tres meses, a partir de la ataque en vigor del decreto-ley, para determinar qué empresas serán consideradas como “suministradores de alto riesgo”. Durante este época, se llevará a cabo un exhaustivo análisis de cada una de ellas, teniendo en cuenta aspectos tanto técnicos como de seguridad.
Es importante destacar que esta medida no busca restringir el acceso de estas empresas al lonja español, sino asegurar que cumplan con los estándares exigidos en materia de seguridad. De hecho, en el propio texto del decreto-ley se establece que, en caso de ser calificadas como “suministradores de alto riesgo”, estas empresas podrán seguir operando en nuestro país, siempre y cuando adopten las medidas necesarias para asegurar la seguridad de sus productos y servicios.
La adopción de esta medida pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus datos en un entorno cada vez más conectado. La tecnología 5G traerá consigo importantes avances y beneficios para nuestra sociedad, pero también implica un mayor nivel de exposición a posibles riesgos de ciberseguridad. Por ello, es fundamental que se tomen medidas como esta para asegurar una implementación segura de esta tecnología.
Además, esta medida también es una muestra del diálogo y la colaboración entre el Gobierno y los diferentes actores involucrados en el despliegue de la tecnología 5G en nuestro país. La audiencia de los operadores y suministradores afectados demuestra la importancia que se le da a la opinión de estos agentes en la toma de decisiones.
En resumen, la convalidación del decreto-ley 7/2022 y la inclusión de la disposición adicional para calificar a ciertos suministradores como “de alto riesgo” es un paso importante para asegurar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 5G en nuestro país. Esta medida no solo protege a los ciudadanos y empresas, sino que también fomenta un entorno seguro y confiable para el desarrollo de la tecnología 5G en España. Confiamos en que, gracias a estas medidas, podamos disfrutar de todos los beneficios que esta tecnología nos ofrece sin poner en riesgo nuestra seguridad.
