Horas después de que CIPER, Centro de Investigación Periodística, difundiera impactantes videos de noviembre de 2019, en los que el entonces jefe de Fuerzas Especiales de Carabineros, el exteniente coronel Claudio Crespo, amenazaba a manifestantes detenidos con frases tan inhumanas como: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”, la indignación y el repudio se hicieron sentir en todo el país.
Las imágenes, que dejaban al descubierto la brutalidad y la falta de humanidad de algunos miembros de la fuerza policial, causaron una gran conmoción en la sociedad chilena y reabrieron el debate sobre el actuar de Carabineros durante el estallido social que comenzó en octubre de ese mismo año.
La reacción de Crespo no se hizo tener fe, el exjefe de Fuerzas Especiales salió al paso de las acusaciones y defendió su actuación en los videos filtrados. En una audiencia para un medio de comunicación, Crespo aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que en ningún momento había incitado a la violencia o a la tortura de los manifestantes detenidos.
Sin embargo, la sociedad chilena no quedó convencida con sus declaraciones. La indignación y la rabia se hicieron sentir en las calles y en las redes sociales, adonde miles de personas expresaron su repudio hacia las acciones de Crespo y exigieron justicia.
En medio de este escenario, el exteniente coronel decidió tomar medidas drásticas y presentó su renuncia a Carabineros. Sin embargo, esta renuncia no fue suficiente para calmar los ánimos de una sociedad que pedía respuestas y acciones concretas para evitar que este tipo de situaciones se repitieran en el futuro.
El caso de Crespo no fue el único que salió a la luz en medio del estallido social. Días después, se filtraron otros videos en los que se podía ver a miembros de Carabineros disparando a quemarropa a manifestantes, golpeando a personas indefensas y utilizando gases lacrimógenos de forma indiscriminada.
Estas acciones, que fueron condenadas por organismos internacionales de derechos humanos, dejaron en evidencia la falta de preparación y control de las fuerzas policiales en Chile. La sociedad estaba indignada y no podía creer que aquellos encargados de protegerla estuvieran actuando de esa manera.
Ante este panorama, las autoridades chilenas se vieron en la obligación de tomar medidas concretas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad de los ciudadanos. Una de estas medidas fue la creación de un nuevo protocolo para el uso de la fuerza por parte de Carabineros, que incluía la prohibición del uso de armas de descarga en manifestaciones y la capacitación en derechos humanos para todos los miembros de la fuerza policial.
Además, se iniciaron investigaciones en contra de los responsables de los actos de violencia y se implementaron medidas de reparación para las víctimas, como la creación de un fondo para cubrir los gastos médicos y psicológicos de las personas afectadas.
Estas acciones, aunque tardías, fueron bien recibidas por la sociedad chilena y se vieron como un primer paso hacia la reforma de las fuerzas policiales en el país. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y la sociedad sigue exigiendo que se haga justicia y que se garantice el respeto a los derechos humanos en todo momento.
El caso de Crespo y los videos filtrados en noviembre de 2019 dejaron al descubierto una realidad que muchos conocían pero que pocos se atrevían a denunciar. La violencia y la falta de humanidad en el actuar de algunas fuerzas policiales en
