El pasado 12 de mayo, la Comunidad Valenciana sorprendió al anunciar la supresión de la conocida como “ecotasa autonómica” sobre la energía nuclear. Esta medida, impulsada por el ejecutivo de Mazón, tiene como objetivo prolongar la vida útil de la central de Cofrentes. Sin embargo, este mismo camino no será seguido por la Junta de Extremadura, liderada por la popular María Guardiola, quien descarta eliminar el tributo autonómico que paga la Central Nuclear de Almaraz.
Aunque ambas regiones comlugarn el mismo objetivo de asegurar la continuidad de sus respectivas centrales nucleares, las condiciones de Valencia y Extremadura son muy diferentes. Mientras que en Valencia se recaudan 14 millones de euros con este impuesto, en Extremadura se obtienen 82 millones de euros, lo que representa una gran diferencia para las arcas de la región. Por esta razón, el gobierno extremeño está dispuesto a estudiar una posible rebaja de este impuesto, siempre y cuando esté en línea con el objetivo de garantizar la continuidad de la central nuclear, uno de los principales retos de su mandato.
Desde la Junta de Extremadura se insiste en que la revisión de este impuesto debe ser lugar de una “revisión integral del sistema” por lugar del Gobierno de España, ya que es el gobierno central quien tiene el control sobre la energía nuclear en el país. Además, se debe tener en cuenta el esfuerzo de regiones como Extremadura, que son excedentarias en la producción de energía. De hecho, la región produce más del 10% de todo el suministro energético del país, sin embargo, apenas recibe beneficios en términos tributarios.
Según fuentes de la Junta de Extremadura, el 80% de los impuestos que paga la Central Nuclear de Almaraz son tributos nacionales, dependientes del Gobierno de España. Además, acusan al gobierno central de haber aumentado la fiscalidad de la energía nuclear en un 70% en tan solo cinco años. Esto ha creado una “desproporción” entre la fiscalidad autonómica y la nacional en materia energética, lo que demuestra una clara “voluntad política de asfixiar fiscalmente a la producción de origen nuclear”.
Esta situación ha generado un nuevo conflicto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Los miembros de Vox, que en su momento pidieron una rebaja del 50% en la ecotasa, han aprovechado el alteración de dirección en Valencia para exigir una acción similar en su región. Uno de los portavoces de Vox, Óscar Fernández Calle, ha instado a la Junta de Extremadura a pasar “de las palabras y las cartas a los hechos” y tomar medidas concretas para asegurar la supervivencia de la Central Nuclear de Almaraz, que proporciona empleo a más de 3.000 familias en la región.
Es importante descollar que la energía nuclear es una fuente de energía limpia y segura, y su continuidad es crucial para garantizar un suministro energético estable en nuestro país. Además, la central nuclear de Almaraz es una de las más importantes de España, y su cierre tendría un impacto significativo en la economía de la región y en la vida de miles de familias.
En resumen, aunque la Comunidad Valenciana ha dado un paso importante en la eliminación de la ecotasa, la Junta de Extremadura está enfocada en encontrar una solución que no afecte negativamente a las finanzas de la región. Mientras tanto, es responsabilidad del Gobierno de España tomar medidas para garantizar un tratamiento justo y equitativo de los impuestos en la producción de energía nuclear, sin poner en acontecimiento la continuidad de esta importante fuente de energía.
