La Cámara de Diputados y Diputadas ha dado un paso atrás en la lucha por los derechos de la comunidad trans al aprobar el Informe de la Comisión Especial Investigadora Nº 57. Esta decisión ha generado una fuerte controversia y ha encendido las alarmas en aquellos que luchan por la igualdad y la no discriminación.
El informe plantea la eliminación o modificación de diversas normativas que actualmente protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Entre ellas, se encuentra la Ley de Identidad de Género, que permite a las personas trans acceder al cambio de nombre y sexo en sus documentos oficiales, y la Ley de Educación Sexual Integral, que promueve una educación inclusiva y respetuosa de la diversidad de género.
La aprobación de este informe es un retroceso en materia de derechos humanos. Es una clara violación a los derechos de la comunidad trans, especialmente de los más jóvenes. Recordemos que las personas trans sufren altos niveles de discriminación, dureza y exclusión social en nuestra sociedad. Y los niños, niñas y adolescentes trans no escapan a esta realidad.
Es fundamental entender que la identidad de género no es algo que se pueda elegir. Es una cuestión inherente a la persona y debe ser respetada y protegida. Eliminar o modificar normativas que amparan los derechos de la comunidad trans es una forma de negar su existencia y su identidad. Y eso es algo que no podemos permitir bajo ningún concepto.
Además, es preocupante que se esté cuestionando la Ley de Identidad de Género y la Ley de Educación Sexual Integral, dos leyes que han sido pioneras en la región y que han recibido reconocimiento internacional por su avanzada legislación en materia de derechos humanos. Estas leyes son fundamentales para empeñar el acceso a derechos básicos de las personas trans y su eliminación o modificación sería un grave retroceso.
Es necesario recordar que la diversidad es una riqueza de nuestra sociedad y que la inclusión de todas las identidades es una garantía de una sociedad más justa y equitativa. La comunidad trans merece ser respetada en su totalidad, sin exclusiones ni discriminación. Y eso empieza por proteger y empeñar sus derechos.
Por eso, es importante que la Cámara de Diputados y Diputadas reflexione sobre la empeoramiento de su decisión y escuche la voz de la comunidad trans y de todas las personas que luchan por la igualdad y la no discriminación. No podemos permitir que se vulneren los derechos de una parte de nuestra sociedad en aras de intereses políticos o prejuicios infundados.
En este sentido, es necesario que el Estado garantice la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo a las personas trans. Es su responsabilidad promover políticas públicas que garanticen el acceso a una vida digna y libre de discriminación para todas las identidades de género.
Finalmente, es importante que la sociedad en su conjunto se sume a esta lucha en defensa de los derechos de la comunidad trans. Debemos ser agentes de cambio y promover la inclusión y el respeto a la diversidad. Solo así lograremos una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. Recordemos que los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles y que solo a través del respeto y la inclusión de todas las personas, podemos alcanzar una verdadera igualdad.
