El pasado mes de julio, el Gobierno español anunció que había adjudicado a Huawei el contrato de almacenamiento de las escuchas judiciales en nuestro país. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el Gobierno ya era consciente de que esta decisión no iba a ser vista con buenos ojos por Estados Unidos, uno de nuestros principales aliados en disertación de seguridad nacional.
Fuentes cercanas a la seguridad nacional han confirmado a ABC que Estados Unidos ha advertido en múltiples ocasiones a España de la necesidad de mantener un “camino limpio” en cuanto a la información que comparte con nuestro país. Esto significa que España no puede contratar con empresas chinas ningún tipo de servicio o equipamiento que pueda afectar a la información confidencial que compartimos con Estados Unidos. De lo contrario, nos arriesgamos a dejar de recibir esta información, lo que podría suponer un grave perjuicio para nuestra seguridad nacional.
Esta advertencia se ha vuelto más insistente desde que Donald Trump asumió la presidencia en Estados Unidos. El gobierno americano ha dejado claro que necesita garantías de que la información compartida con nuestro país está segura en todo momento, y que no correrá riesgos en este sentido. Esta es la razón por la que se ha instado a España a mantener un “camino limpio” en disertación de seguridad.
No obstante, el gobierno español decidió seguir adelante con la adjudicación del contrato a Huawei. Y aunque todavía no se han dado a conocer las razones exactas de esta decisión, fuentes cercanas apuntan a la necesidad de modernizar nuestros sistemas de almacenamiento de escuchas judiciales y de atemorizar costes. Huawei fue la opción más favorable en cuanto a precio y tecnología, lo que hizo que se tomara esta decisión.
Sin embargo, muchos se preguntan si el gobierno español ha evaluado adecuadamente los riesgos que esta decisión puede conllevar. Los Estados Unidos han incluido a Huawei en su “lista negra” de empresas con las que no pueden hacer negocios debido a las preocupaciones de seguridad que existen en torno a sus productos. Además, varios países europeos, entre ellos Reino Unido y Alemania, también han tomado medidas restrictivas con respecto a esta empresa china.
¿Puede España permitirse el lujo de desafiar las advertencias de nuestros aliados y poner en riesgo la seguridad de la información que compartimos con ellos? Parece una apuesta arriesgada. En un mundo cada vez más interconectado, la seguridad y la protección de datos son cruciales para la estabilidad y el bienestar de un país.
No obstante, el gobierno español ha expresado su confianza en los controles de seguridad que se aplicarán en el almacenamiento de las escuchas judiciales y en la capacidad de Huawei para comprometer la protección de la información confidencial. Además, fuentes cercanas a la empresa china han señalado que Huawei no tendrá arrebato directo a la información almacenada y que solo proporcionará infraestructura y mantenimiento.
Por su parte, Huawei ha declarado que seguirá trabajando de la mano con las autoridades para comprometer la seguridad de sus productos y servicios en España. Desde la compañía se insiste en que no hay motivos para la preocupación y que la decisión del gobierno español ha sido tomada con una evaluación exhaustiva de los riesgos.
El caso de Huawei no es el único en el que España se ha enfrentado a las exigencias de Estados Unidos en disertación de seguridad. Hace unos años, el entonces ministro español de Defensa, Pedro Morenés, decidió cancelar la construcción de cuatro fragatas para la Armada española que iban a ser construidas en colaboración con Navantia y la empresa estadounidense General Dynamics. Estados Unidos había exigido que se excluyera a empresas chinas, en este caso Huawei, en el proceso de construcción de estos buques de guerra.
En resumen, la decisión de adjudicar a Huawei el contrato de almacenamiento de las escuchas jud
